Disciplina urbanística Leer mas...
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, más conocida como APLU, es la encargada del control y la disciplina urbanística en la Comunidad de Galicia. Fue la primera agencia urbanística de ámbito autonómico de España y, tras 10 años de funcionamiento, su labor está totalmente consolidada con más de 60 Concellos adheridos.
La APLU es un ente público de naturaleza consorcial, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuestos propios y plena autonomía en el cumplimiento de sus funciones. La Agencia está adscrita orgánicamente a la Consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.
Las funciones de inspección de la legalidad urbanística no son, únicamente, realizadas por los subinspectores urbanísticos de la APLU, también pueden desarrollarlas los técnicos municipales, la policía local y nacional (adscrita a la Comunidad Autónoma) y la Guardia Civil (Seprona). Igualmente, la investigación de una supuesta infracción urbanística puede surgir fruto de la vigilancia e inspección del territorio de la APLU y del resto de los agentes autorizados para ello, o bien por denuncia de un particular, del Ayuntamiento o de otros órganos administrativos.
Pero, no cabe duda, que la proyección mediática de la APLU y su intensivo trabajo (1.256 inspecciones en 2017) la hacen protagonista indiscutible de la lucha contra el «ti vai facendo» instaurado en Galicia desde hace décadas. Esa visibilidad y su proactividad en el trabajo convierten a la Agencia en la diana de muchas críticas públicas sobre su equidad y proporcionalidad. Numerosos afectados por multas coercitivas y demoliciones acusan a la APLU de ejercer una mayor presión sobre el ciudadano común que sobre las obras ilegales de la propia administración.
Lo cierto es, que las características específicas del hábitat gallego con su modo disperso de ocupar el territorio, la compleja ordenación de un litoral con 1.498 kilómetros de intrincada costa y arraigada autoconstrucción y la concatenación imparable de leyes urbanísticas desde 1985 (Ley de Adaptación del Suelo de Galicia LASGA) hasta la actual Ley del Suelo de 2016 no han ayudado a parar el descontrol y la incertidumbre urbanística.
Actualmente, menos de un 30% de los municipios gallegos gozan de un planeamiento urbanístico adaptado a la Ley vigente lo que supone una inseguridad jurídica y un amparo para la permisividad urbanística que finalmente acaba por pagar el ciudadano. La Xunta de Galicia pretende modificar esa situación mediante la figura de los planes básicos, pero mientras esa sea nuestra realidad la piqueta de la APLU seguirá resonando.
¿Quiénes forman la APLU?
Son miembros de la Agencia, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y los municipios que deseen integrarse en ella de manera voluntaria. En el caso de los municipios es necesaria la firma de un convenio de adhesión. A partir de ahí, será la APLU la que tenga las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística que le correspondan a ese municipio. Actualmente, hay 66 municipios adheridos, de los cuales, 43 no llegan a los 5.000 habitantes.
¿Cuáles son sus funciones?
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística se encarga del control y la disciplina urbanística de la Comunidad autónoma de Galicia, con la finalidad de proteger el territorio, el paisaje y los valores naturales de nuestra Comunidad.
Las funciones de la APLU son la inspección, la restauración de la legalidad y la sanción en materia de urbanismo. Además de estos aspectos, la APLU desarrolla numerosas acciones formativas de interés general, tanto para los profesionales en la materia urbanística como para la ciudadanía en general, con el propósito de que las medidas para luchar y evitar las ilegalidades urbanísticas no sean solo represivas si no también preventivas.
Sus principales cometidos son, por tanto:
–Inspección y vigilancia urbanística
-Adopción de medidas cautelares previstas en la Ley del Suelo de Galicia
-Instrucción de expedientes de reposición de la legalidad y expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas
–Denuncia al Ministerio Fiscal cuando haya hechos constitutivos de delito
-Imposición de sanciones y reposición de la legalidad
-Competencia para otorgar las autorizaciones administrativas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre
–Anulación de licencias urbanísticas contrarias a la normativa
–Asesoramiento y asistencia a las Administraciones Públicas adheridas
¿Dónde puede intervenir la APLU?
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística tiene por finalidad esencial velar por la utilización racional del suelo conforme a la legalidad, especialmente en el medio rural y en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
La APLU tiene competencia sobre obras en suelo rústico (obras prohibidas, obras realizadas sin la autorización autonómica preceptiva, etc.) y obras sin licencia en terrenos calificados como zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos.
Asimismo, en obras sin licencia en suelo rústico o en suelo de núcleo rural, cuando el municipio haya delegado sus competencias en la APLU. Hasta ahora, los municipios adheridos delegaban en la APLU las tareas de supervisión de obras sujetas a licencia, pero, actualmente, los ayuntamientos que lo deseen (previa modificación del convenio) podrán ceder sus competencias respecto a obras menores que no requieran licencia municipal pero sí estén sujetas a comunicación previa al ayuntamiento (pequeñas construcciones, muros de cierre, alpendres, etc.).
La APLU en datos
Durante el 2017, la APLU remitió a la Fiscalía 139 expedientes por un presunto delito contra la ordenación del territorio, ejecutó un total de 205 reposiciones de la legalidad urbanística, se resolvieron 441 expedientes y se realizaron 1.256 inspecciones. El 90% de las sentencias dictadas en 2017 confirmaron las resoluciones de la Agencia.
¿Cuáles son las directrices de la APLU para el 2018?
La Agencia de protección de la Legalidad Urbanística aprueba, con carácter anual, un Plan de Inspección Urbanística para determinar cuales serán sus objetivos principales y sus actuaciones prioritarias para ese período temporal.
El Plan de Inspección Urbanística 2018-2019 tiene como actuaciones prioritarias la vigilancia e inspección del territorio, prestando especial atención a los siguientes territorios:
–Municipios costeros
–Municipios con espacios naturales o áreas de especial interés paisajístico
–Municipios por donde transcurran las rutas de los Caminos de Santiago normativamente delimitados
Se comenzará por los Municipios que reúnan mayor número de estos criterios y en igualdad de características se iniciará la inspección por en orden decreciente de población.
La tramitación de las infracciones detectadas se desarrollará con carácter prioritario y urgente en el caso de obras en curso de ejecución, así como las obras terminadas cuyo plazo de caducidad de reacción esté próximo a vencer y cuya competencia para la reposición de la legalidad correspondan directamente a la APLU o fuesen delegadas por los Ayuntamientos integrados en ella.
ENLACES DE INTERÉS
TEXTO E IMÁGENES: Grupo TAU
Comentarios recientes