Hoy compartimos con nuestros lectores el siguiente artículo de «El Confidencial» sobre la aplicación de la Ley de Costas en Galicia. Un claro ejemplo de como la inexistencia de un Plan General actualizado y los años de crecimiento urbanístico sin control legal siempre terminan por perjudicar al ciudadano.

200 núcleos históricos marineros de la costa gallega quedan fuera de la ley

Medio Ambiente solo legaliza una veintena de aldeas que incumplen la Ley de Costas pese a la ‘amnistía’ del año 2013

Desde: El Confidencial

Por: Pablo López. Vigo

Imagen: EFE

«La amnistía de 2013 apenas tendrá recorrido en Galicia. Ese año, la nueva Ley de Costas generalizó la posibilidad de que unas 140.000 viviendas del litoral español muy próximas al mar pudieran acogerse a una reducción de la zona de protección, lo que supondría en la práctica una especie de legalización de las casas. Pero el urbanismo de los ayuntamientos gallegos es tan singular que, cinco años después, la gran mayoría de las aldeas que lo han solicitado, en un número muy abundante de origen marinero, siguen en el mismo limbo legal en el que estaban, después de que solo 18 lograran el beneplácito ministerial.

Las viviendas afectadas están situadas en zona de servidumbre, una franja paralela al mar que no es dominio público, pero que está afectada por severas condiciones de protección, tránsito y acceso al mar. Y en la que, por supuesto, no se pueden construir viviendas. Con la nueva ley, la zona de protección se puede reducir en numerosos casos de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas ya construidas que se acogen a esa disposición pasan de estar sometidas a controles rigurosos para realizar obras a tener vía libre para construir, siempre que cuenten con los preceptivos permisos municipales o autonómicos.

Galicia, con sus casi 1.500 kilómetros de costa, es una de las comunidades más afectadas por esa situación, que se deriva de décadas de descontrol urbanístico. Esas mismas irregularidades en las normativas son el principal motivo por el que la mayoría de los ayuntamientos no ha podido acogerse a la amnistía, ya que la falta de un plan general de ordenación municipal es el impedimento más relevante que se han encontrado las peticiones realizadas desde la comunidad gallega. La tradicional dispersión de las edificaciones en Galicia es otro de los escollos, ya que impide cumplir la exigencia de que las viviendas afectadas conformen un núcleo de población.

El problema surge de las dificultades que se han encontrado los ayuntamientos gallegos para demostrar que las casas que se quieren legalizar ya existían en 1988, cuando la primera Ley de Costas estableció las condiciones de la zona de servidumbre. En 2013, la Xunta estimó que 12.500 viviendas albergadas en 800 núcleos de población podrían quedar excluidas de la servidumbre de protección a través de este procedimiento, pero sus previsiones no se han cumplido, ante la mayoritaria respuesta negativa que los ayuntamientos han encontrado en Medio Ambiente.»

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